Al inicio de la emergencia sanitaria, en la Unidad Penal de Esmeraldas y en las unidades judiciales que conocían de casos de Flagrancia, se procedió a realizar Video audiencias en salas diferenciadas. Los jueces en una sala, defensores públicos y acusados en otra y los miembros de la Fiscalía en otra sala. Se entregó trajes de bioseguridad, alcohol desinfectante y mascarillas a los servidores judiciales de primera línea.

Desde el momento que se retomó la atención al público en general, al ingreso de las unidades judiciales, incluyendo la Unidad Judicial Penal, se realiza el control de temperatura de los usuarios, se exige el uso de mascarilla, existen dispensadores de alcohol para manos y se pide a los usuarios cumplir con el distanciamiento social. De manera complementaria y por la seguridad de los usuarios se realiza la desinfección y sanitización de las unidades judiciales.

El Ab. Marcos Ignacio Estupiñán Plaza, Esp., Director Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, expresó que desde el 16 de marzo de 2.020, tanto el médico institucional como los médicos peritos de las unidades que conocen casos de violencia, han realizado la valoración y seguimiento de la salud de los servidores judiciales de la Unidad Penal y de toda la provincia.

En coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP), se ha realizado exámenes PCR al personal judicial. En ocasiones, los servidores públicos del MSP han asistido a las unidades judiciales para realizar estas pruebas, para que los operadores de justicia no dejen de atender las audiencias correspondientes.

Marcos Estupiñán, además, manifestó que de los 276 servidores judiciales que existen en toda la provincia de Esmeraldas, el porcentaje de contagiados por COVID-19 es sumamente bajo y en los casos que han resultado positivo, se ha realizado las acciones señaladas en el Protocolo de Bioseguridad COVID-19 del Consejo de la Judicatura (CJ), para evitar la propagación de la enfermedad entre los usuarios del sistema de justicia.

El Protocolo de Bioseguridad COVID-19 del CJ, fue aprobado por el COE y se aplica sin excepción, en cada una de las unidades judiciales, desde los primeros días de la declaración de emergencia sanitaria, hasta el momento.